Instrumentar programas de acción, de acceso a la información y reconocimiento de los derechos inalienables de las personas con discapacidad para lograr su inclusión al desarrollo, de manera justa y equitativa a través de las Instituciones públicas, privadas y civiles.
Difundir y promover el debido respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Generar una nueva cultura de la Discapacidad, que nos permita erradicar los prejuicios y los estereotipos que ofenden a las personas con discapacidad, inculcando nuevos valores de respeto, inclusión y tolerancia
Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del respeto de los derechos de las personas con discapacidad por parte de los servidores públicos.
Crear un plan de vivienda accesible para personas con discapacidad.
De hecho, para autores como Booth (Both, 2006; Booth y Ainscow, 2011), la inclusión educativa vendría a ser, en su raíz, la tarea de promover cambios educativos sistemáticos para llevar nuestros valores declarados a la acción (equidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, solidaridad, consideración, amor,…). Pero como el mismo nos hace ver, “el mejor argumento moral es la acción”, lo que significa que es en el conjunto de sistemas de prácticas que configuran la “cultura moral de un centro” (Puig et al, 2012), donde deben encarnarse nuestros valores y principios.
